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Cuitláhuac tendrá que responder por violaciones a DDHH en Veracruz

  • Miguel Ángel León Carmona
Veracruz cuenta con 702 quejas ante la CEDH contra servidores públicos de la administración de Yunes Linares.

Xalapa, Ver. – La administración de Cuitláhuac García Jiménez recibirá una entidad señalada por la ONU ante la perpetración de crímenes de odio, con dos alertas de género desdeñadas por autoridades estatales y 702 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que derivarían en recomendaciones contra servidores públicos de la presente administración.

Una escena que marcará al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en este rubro fue capturada el 10 de marzo de 2018, en Río Blanco, Veracruz. En una fotografía Grecia “N”, de 14 años, se aprecia rendida en el suelo frente a un policía; segundos después ella y su hermana Nefertiti “N”, de 16 años, serían acribilladas bajo el argumento del combate a la delincuencia.

Antes de que se cumpliera el novenario, las menores ya habían sido presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) como dos peligrosas delincuentes, que, por sus tatuajes, quedaron ligadas al líder de los Zetas Sangre Nueva, Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”. En tanto, el mandatario estatal justificó el “uso de la fuerza letal” contras las dos hermanas y dio pie a su brazo policial para actuar por igual y sin miramientos.

“Está plenamente justificado que -los policías- respondan y que respondan de manera proporcional al ataque que están recibiendo, no importa quién sea que los está atacando”, advirtió Yunes, dando así carpetazo a un hecho que para la sociedad pudo configurarse como la primera ejecución extrajudicial documentada en Veracruz.

Pero antes de este caso, el gobierno ya había asumido una postura mediante la cual justificó el uso de la fuerza pública contra gremios que se manifestaron en las calles -incluido el encarcelamiento de algunos por los delitos de “terrorismo” y “sabotaje”- y hasta llamó “delincuentes” a personas que murieron en refriegas o a pedazos de otros exhumados de fosas clandestinas.

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH, advirtió que por diversos casos -como el de Grecia y Nefertiti- que podrían considerarse como violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas 702 quejas entre el 01 de enero y el 12 de agosto de 2018 de las cuales el 55 por ciento vinculan a servidores públicos municipales y estatales.

“Sí hay quejas de hechos que se suscitaron en esta administración, están activas todas y están documentándose. Estaremos emitiendo recomendaciones más o menos a finales de 2018. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, y para que las autoridades las acepten se necesita legitimidad y sustento en las investigaciones”, refirió en entrevista.

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Sin embargo, para el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera, la emisión de recomendaciones no es garantía de que la justicia llegue para víctimas y víctimas indirectas. Para muestra de ello, expuso, existen registros de recomendaciones que fueron dirigidas al gobierno de Yunes Linares, sobre hechos cometidos en administraciones pasadas, que fueron acatadas a regañadientes y en algunos casos ignoradas. 

 “Aun cuando las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos emitieron diversas recomendaciones -algunas colectivas y otras sobre hechos considerados violaciones graves- el cumplimiento de las mismas ha sido nulo (…)  Tenemos el informe sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de Veracruz emitido por la CNDH, en el que le fue recomendado a las autoridades identificar a los servidores públicos que indebidamente propiciaron o facilitaron las condiciones del motín en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes (marzo 2018) que dejó siete policías muertos. El gobierno, en ese caso, no acató dichas medidas”, opinó el jurista.

 “Tenemos la recomendación por violaciones graves 5VG/2017 en donde se recomendó al gobierno estatal realizar una disculpa pública en favor de las victimas indirectas de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca; disculpa que fue realizada a regañadientes sin tener ningún carácter de institucional, incluso fue calificada por las víctimas como un insulto, mientras que la CNDH dio por cumplida la recomendación de manera parcial”. 

En ese tenor, Espinoza Rivera dijo que la recomendación por el caso Tierra Blanca y muchas otras que quedarán pendientes en la administración de Yunes Linares deberán ser atendidas por la próxima administración “Los funcionarios creen que al no tener carácter de vinculante son como llamados a misa, sin embargo, no reparan que, al momento aceptar las recomendaciones, tienen la obligación de cumplirlas, y en caso de no hacerlo pueden incluso ser sancionados penalmente", abundó.

Violaciones a derechos de veracruzanas, la otra deuda que deja Yunes en Veracruz

En un escenario donde Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios, superando con 36 casos en 2018 a estados como Chihuahua y Guerrero, la próxima administración deberá hacer frente a dos alertas por violencia de género.

El caso más reciente que representa este problema se registró el 19 de julio de 2018 con el asesinato de Hortensia Balcázar Reyes. Ella había denunciado violencia por parte de su esposo Gabriel, pero ninguna autoridad le brindó apoyo, obligándola a conciliar con su agresor, cuando el DIF Municipal debió apegarse a los protocolos para atender violencia de género, y brindar medidas de protección. Finalmente fue asesinada por su cónyuge con dos disparos mientras ella amamantaba a su hijo.

La primera alerta fue declara en noviembre de 2016 en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa debido a la inseguridad en los espacios públicos para las mujeres. Entre las medidas que se urgieron al gobierno estatal estaba reforzar los patrullajes preventivos, la divulgación de la alerta y la creación de refugios. Sin embargo, estos requerimientos no fueron acatados, criticaron agrupaciones feministas.

La segunda alerta fue emitida en diciembre de 2017, esta vez por agravio comparado; es decir, porque en algunas políticas públicas y leyes estatales se violentan los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las veracruzanas.

Entre las medidas que se exhortaron atender, fue reformar los artículos 159,160 y 164 del código penal de Veracruz, el cual descalificaría al aborto como un delito; no obstante, ante la sentencia de un juez federal para que los diputados locales legislaran en este sentido, los legisladores decidieron recurrir impugnar la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Aunado a lo anterior, el puesto de Fiscal Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas cumplió ocho meses acéfalo desde que la extitular Samyra del Carmen Khouri Colorado falleció el 09 de diciembre de 2017.

El 03 de diciembre de 2017, a cinco días del asesinato en Pánuco de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, 12 compañeras suyas del mismo cargo fueron despedidas por obtener según sus mandos, “raquíticos porcentajes” en investigaciones.

Para Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Veracruz, “la falta de una Fiscal Coordinadora, es un mensaje de la poca voluntad que hay de las instituciones para la procuración de justicia”.

Lecxiur Ferreira agregó que la falta de una Fiscal Coordinadora es apenas la punta del iceberg en un estado que cuenta con dos alertas de género, una por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado.

El 26 de abril de 2018, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, aseguró que solicitaría una tercera alerta por violencia de género, esta vez derivada de las desapariciones forzadas a este sector de la población.

Impunidad y farsa: Yunes en tema de desaparecidos

Mayra Ledesma Arronte, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) opinó que la herencia que dejará el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en el tema de desaparecidos será de impunidad y de farsa; donde la justicia se impartió de forma selectiva y no hubo un reconocimiento a las víctimas desde las cifras oficiales. 

“La revictimización comenzó desde que no los reconoció en cifras. Tú como gobierno, si aspiras a asignar presupuesto, necesitas tener una radiografía de la realidad. Y la radiografía que hoy tenemos es incompleta, solo hay cifras de desaparecidos hasta el gobierno de Javier Duarte y eso fue a propósito”, refirió en entrevista.

La también acompañante de colectivos de familiares de desaparecidos mencionó que entre los retos de la administración de Cuitláhuac García estará la interlocución directa con las víctimas “respeto, trato digno, la no revictimización, presupuesto y cumplimiento a las leyes en materia que se han aprobado”.

“En términos del trato a las víctimas en realidad los colectivos han sido maltratados, el hecho que el Fiscal General no se haya reunido con ellos es que no hubo ni voluntad ni interés. El avance que hubo en tema de desaparecidos se dio gracias al empuje de los colectivos -que se sentaron a trabajar- para lograr la implementación de la Ley Estatal de Víctimas y de Desaparición Forzada”,

Crímenes de odio en Veracruz, problema señalado por la ONU

En siete meses de 2018, en Veracruz también se registraron 17 crímenes de odio. Por estos hechos, la oficina del Alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su representante en México, Jan Jarab, emitió un posicionamiento y pidió al gobierno de Veracruz “poner fin a los crímenes de odio”.

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Activistas de la comunidad LGBTTI, calificaron como histórico dicho mensaje, el cual puntualizó que “El Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir los asesinatos motivados por el odio, las agresiones violentas y la tortura, y de investigar estos delitos rápida y diligentemente, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia”.

Dos casos que fueron mencionados por el Alto Comisionado fueron los de Alaska Contreras y Elián Alexis. El 25 de julio de 2018, en el municipio de Martínez de la Torre, el cuerpo de Alaska Contreras Ponce fue encontrado sobre la vía pública, en la calle Benito Juárez. El cadáver de quien fuera la ganadora del certamen Nuestra Belleza Gay 2018, presentaba huellas de tortura, estaba semidesnudo y tenía un alambre de púas enredado en el cuello.

Alaska tenía apenas 25 años de edad y sus familiares y amigos que la despidieron en el panteón de ese municipio la describieron como una mujer alegre, simpática y popular en ese lugar, donde se desempeñaba como estilista.

Un día antes, el 24 de julio, en Orizaba, pobladores encontraron en el campo de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Orizaba (ESBO) el cadáver de Elián Alexis, un estudiante gay de 17 años de edad, que fue molido a golpes por sus agresores. De acuerdo con los padres de la víctima, él cumplía algunos días desaparecido.

Jazz Bustamante Hernández, integrante de la Coalición Mexicana LGBTTI, opinó que la postura del Alto Comisionado es necesaria, debido a que el gobierno estatal, a través de sus instituciones, ha sido omiso en la agenda de la diversidad sexual. “El alto Comisionado hace un llamado enérgico de que nos están matando y no está sucediendo nada”, consignó.

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