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¿De qué va el cargo de Beatriz Gutiérrez Müller?

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Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la oficina de la Presidencia proyectará el derecho a la memoria

Marco Antonio Martínez | La Silla Rota

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezará el Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México.

¿QUÉ HARÁ ESTA COORDINACIÓN?

Se trata de un órgano que busca preservar los archivos públicos y privados de la historia de México por medio de su resguardo físico y la creación de una plataforma web en la que se concentren todos los documentos para la consulta y difusión pública. Lo mismo recopilará códices precolombinos que fotos de Porfirio Díaz para ser subidos al internet.

El Consejo que presidirá la escritora y esposa del próximo presidente de México, contará también con la participación de reconocidos intelectuales. Estarán la escritora Elena Poniatowska; el historiador y cronista Miguel León Portilla; el músico Horacio Franco; la investigadora Cristina Barros Valera; el artista plástico Carlos Pellicer; la poetisa Margarita Villarreal y el actor Arturo Beristáin.

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El coordinador del proyecto Memoria histórica y cultural de México será Eduardo Villegas, quien anunció que se creará una plataforma web para concentrar todos los documentos digitales del país.

El presidente electo ha hecho patente su preocupación por los movimientos del pasado, y el 2 de octubre hizo un homenaje a los estudiantes masacrados el 2 de octubre por el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, y durante la presentación del Consejo, anunció que para el próximo año, cuando se cumpla el centenario de los asesinatos de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, se realizarán actividades conmemorativas al respecto.

Gutiérrez Müller es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde también tiene el título de maestra y es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metrooplitana.

CUESTIONAN QUE PRESIDENCIA PARTICIPE

La Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México nace a partir de las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, discutidas y aprobadas el martes 13 de noviembre en la Cámara de Diputados. Las mismas reformas que cambiarán el andamiaje administrativo del gobierno federal para adecuarlas a la visión de Andrés Manuel López Obrador.

En el artículo 8, en la tercera fracción se establece que una de las tareas que corresponderá a la oficina de la presidencia de la República será la de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación.

"Difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal", se lee en el texto aprobado.

Aunque el párrafo fue aprobado por la mayoría morenista, en las reservas que se le hicieron al dictamen, destacó en ese punto específico la que hizo la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho.

La ex dirigente del PRI reconoció que preservar la memoria es un derecho humano para entender y elaborar el pasado, que se trata de un derecho de nueva generación y por lo tanto aún está en una etapa de desarrollo.

Sin embargo, cuestionó que desde la presidencia de la República se busque difundir la historia de México. Alertó que cuando desde las oficinas del poder público se busca construir la historia oficial, se corre el riesgo de una memoria manipulada.

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"Ahora extrañamente se pretende recrear las condiciones para generar una memoria colectiva asentada en la historia oficial que empezará a escribirse el primero de diciembre. ¿Por qué desde el gobierno, desde las mismísimas oficinas presidenciales se intenta difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación? ¿No es menor la pretensión de conformar un órgano desconcentrado de esta oficina que estará encargado de realizar las funciones que de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, consistirán en la preservación y difusión de documentos y objetos de diversa índole albergados en repositorios históricos nacionales, regionales, públicos y privados?".

También cuestionó que se haya hecho la adecuación, y preguntó dónde quedó la nueva Ley general de archivos, o cuál será el papel del Archivo General de la Nación "con sus 700 mil pesos de presupuesto para servicios, adquisiciones y una que otra inversión en 2019?". Lo mismo sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes o instituciones académicas con centros de investigación sobre la historia.

"Si la cartera presidencial se va a abrir para este loable fin de preservar y fortalecer la memoria histórica y por tanto el derecho a la memoria del pueblo de México, la oficina del presidente no es el lugar administrativo para albergar a la institución que pretende abrogarse el derecho de determinar por qué debemos recordar y cómo lo debemos hacer".

Y propuso que se eliminara la fracción III del artículo octavo, pero su propuesta no prosperó.

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