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Ayotzinapa, ¿la mentira histórica de PGR?

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Diversas dependencias han señalado los errores y omisiones en la investigación de la PGR sobre el destino de los 43 normalistas.

París Alejandro Salazar | La Silla Rota

"Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos,", aseguró Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la Republica sobre la investigación del Caso Iguala, sin embargo, investigaciones independientes de organismos nacionales e internacionales contradicen la aseveración.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense(EAAF) y el Poder Judicial han señalado los errores y omisiones en la investigación de la PGR sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

I. Diligencia irregular

El 28 de octubre de 2014, Tomas Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó una diligencia con el detenido Agustín García Reyes "Chereje", donde el presunto integrante de Guerreros Unidos le señaló que en el río San Juan fueron arrojados los restos incinerados de los normalistas, la actividad ministerial no quedó registrada en el expediente de la PGR.

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El Poder Judicial confirmó lo señalado por GIEI sobre la diligencia no documentada por Tomás Zerón de Lucio, "tal situación es por sí sola irregular, pero su gravedad se agudiza por el hecho de que al día siguiente, 29de octubre de 2014, se practicó una diligencia de suma relevancia para sustentar la teoría del caso de la Fiscalía, pues en el sitio se supone que se habría localizado una bolsa que contendría restos óseos carbonizados y cremados".

“La presencia del personal ministerial el día previo, la circunstancia de que hayan recogido evidencias, y que todo ello haya ocurrido sin requerimiento ni presencia del Fiscal, y sin documentar esa actuación en autos, genera serias dudas sobre los hallazgos del día siguiente, en especial, sobre si la evidencia encontrada fue manipulada irregularmente; y en suma, pondría en entredicho la cadena de custodia de todo el material probatorio recolectado formalmente", señaló.

II. Incendio en el basurero de Cocula

El 27 de enero de 2015, Jesús Murillo Karam dijo que la detención de Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo" fue clave dentro de la investigación, "no solamente porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero (de Cocula), interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas; sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices".

"Se encontró la mancha característica de una conflagración como hemos podido documentar en los videos aéreos y fotografías del lugar, el perímetro quemado es evidente a simple vista; (...) se dictaminó que las piedras calizas encontradas en lugar y que presentan fracturas por calcinación, estuvieron expuestas a temperaturas superiores a los 900 grados centígrados. Además, las piedras cambiaron su estructura de carbonato de calcio a calcita, conocida como cal viva, lo que demuestra la exposición a muy altas temperaturas", explicó en la conferencia de prensa.

Por su parte, el GIEI aseguró que los 43 estudiantes "no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula" y que el peritaje realizado sobre la presunta incineración realizado por la PGR presenta fallas que lo invalidan.

"El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la evidencia no se estructuró de manera adecuada", señalaron los expertos independientes.

“El Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza" y que las "conclusiones del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación".

El EAAF indicó que la limpieza en el basurero de Cocula y corte de un sector de la vegetación por parte de la PGR "provocó la pérdida de evidencias distintas a la ósea, tal es el caso de la irrecuperable vegetación, materia fundamental y extremadamente útil para la investigación de incendios en lugares abiertos". (imagen Grilla superpuesta s foto)

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Mientras que la CNDH solicitó al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, emitió un Informe sobre las condiciones climatológicas y ambientales registradas en los municipios de Iguala y Cocula durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y le respondió que de "los productos que monitorean incendios con base en información de satélite de la NOAA y de la CONABIO, muestran un solo punto con incendio en el estado de Guerrero el 27 de Septiembre de 2014" en el municipio de Chilapa de Álvarez.

El GIEI pidió a la PGR registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del llamado "incendio del basurero de Cocula" y se les informó que "el monitoreo satelital muestra un

solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula" y concluyó informándole que "sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días".

III. Teléfonos celulares

Murillo Karam dijo que "El Cepillo" narró "paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue, quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias El Pato, de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celularesde sus víctimas".

Sin embargo, el informe PF/DINV/CIG/D04039/2014 de la Policía Federal difundo reveló que seis teléfonos de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa registraron actividad posterior al 26 de septiembre de 2014, y que cinco equipos móviles mantuvieron comunicación –vía mensajes y llamadas- con números en la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de contar con la evidencia -desde diciembre de 2014- de que los teléfonos celulares de los normalistas desparecidos seguían activos, el 27 de enero de 2015, Murillo Karam, aseguró que los estudiantes de Ayotzinapa y sus equipos móviles fueron incinerados en el basurero de Colcula.

Meses después, en agosto de 2015 en otro informe se detalló que el teléfono del normalista Jorge Aníbal de la Cruz Mendoza presentó actividad hasta el mes de abril de 2015 en Iguala, Guerrero, y que incluso se realizó una llamada a un número que pertenece a un familiar del joven desparecido.

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IV. Restos óseos en el basurero de Cocula

El EAAF señaló que en el basurero de Cocula se encontraron restos de por los menos 19 personas, y ninguno coincide con el perfil genético de los familiares de los estudiantes. Los peritos de PGR y del EAAF dividieron la retícula principal en 132 cuadrículas, en 56 de ellas mostraban una densidad significativa de restos óseos.

Levantaron cientos de fragmentos, de un promedio no superior a los 2 x 2 centímetros de tamaño. Las piezas de mayor tamaño no sobrepasan 8 x 2centimetros.

En la cuadricula M8 se halló una prótesis parcial superior y otra prótesis parcial inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en alveolo de hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis inferior, confirmando la relación entre las piezas mencionadas.

La recomendación 15VG/2018 la CNDH coincidió en que en el basurero de Cocula se encontraron restos de al menos 19 personas, pero no aseguró que se tratara de los jóvenes normalistas desaparecidos.

La CNDH apuntó que "la incineración y disposición de cadáveres en el basurero era una práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en la zona, se tiene que precisar científicamente si los huesos corresponden a los jóvenes de Ayoztinapa o a personas diversas, a fin de avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos".

V. Bolsa en el río San Juan

El EAAF expuso los errores en la cadena de custodia de la bolsa encontrada por buzos de la Marina en el río San Juan, en la que presuntamente contenía restos óseos que derivaron en la identificación de los normalistas Alexander Mora Venancio la coincidencia genética con la mamá de Jhosivani Guerrero de la Cruz.

La PGR convocó al EAAF a la vera del Río San Juan cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos de la PGR, un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa, se encontraban ya expuestos sobre una lona. El EAAF se incorporó a la limpieza de fragmentos óseos provenientes de dicha bolsa a partir de ese momento y no antes.

La CNDH señaló en un informe que la PGR no realizó una comparación entre la tierra del basurero de Cocula y la encontrada en la bolsa del río San Juan, lo que ayudaría a determinar si los normalistas habrían sido incinerados en ese lugar, o revelar que fue en otro.

VI. Dilación de la investigación

En un mensaje de agosto de 2018, el ex presidente Enrique Peña Nieto aseguró que tras la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa "vino una investigación profunda y amplia". También la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que la indagatoria de Jesús Murillo Karam sobre el Caso Iguala fue "profunda, seria y exhaustiva".

Sin embargo, la CNDH, el GIEI y el Poder Judicial señalaron que la investigación de la PGR no fue "inmediata", ya que tardó meses en recabar información básica, como la evidencia videográfica o allegarse testimonios.

“Existieron claras omisiones en la recaudación de pruebas, que por su naturaleza, exigía un despliegue prácticamente inmediato; por ejemplo, no se procuró recabar las videograbaciones del C-4", indica el Poder Judicial.

Además de tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 2015, "ya habían transcurrido ocho meses, y en todo ese tiempo, ninguno de los Fiscales de la PGR, ni siquiera los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la SEIDO, consideraron la posibilidad de requerir esas filmaciones".

El Poder Judicial "se estima que de haber actuado con la debida celeridad, no sólo se habrían recuperado esas videograbaciones, sino muy probablemente la totalidad de los registros fílmicos, tanto del C-4, como de cualquier otra dependencia, o bien, de los propios particulares. Es muy probable, que de no haber sido por la intervención de los expertos internacionales designados por la CIDH, ni siquiera esos tres videos se habrían podido recuperar".

También sucedió con los videos del Palacio de Justicia en Iguala el cual fue destruido, "tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial".

Por su parte, la CNDH indicó que las autoridades responsables de la investigación del Caso Iguala negaron información, en otros casos la entregaron de manera parcial o distinta de la fue solicitada.

Apuntó que las autoridades federales fueron negligentes o dolosas al realizar algunas de las diligencias de la investigación del Caso Iguala.

El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá la responsabilidad de avalar la "verdad histórica" de la PGR, o iniciar una nueva investigación que brinde acceso a la justicia a las familias de 43 normalistas desaparecidos.

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