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Destitución de Winckler, el regalo de Reyes que prometió gobierno de Cuitláhuac

  • Fernanda Castillo / Miguel Ángel León Carmona
Siguen sin haber fecha para que el gobierno cumpla su promesa de quitar del cargo al titular de la Fiscalía

Xalapa, Ver. – “He dicho al Fiscal y se lo reitero, que tiene que andar derechito. No vamos a permitir ni un milímetro de impunidad (…) Va a regresar la justicia aquí más temprano que tarde y si él no se va para navidad nos lo van a regalar los Reyes Magos” fue la promesa del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, el 21 de diciembre de 2018.

Desde entonces, ocho solicitudes de juicio político han sido presentadas ante el Congreso veracruzano contra el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz. De esos trámites solo tres fueron aceptados por las comisiones unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales y dos de ellos fueron dictaminados.

El juicio político contra Winckler –el primero contra un Fiscal General en México- sería el último “as” del gobierno morenista. Ello, luego de que un juez federal entregó la suspensión definitiva al fiscal jarocho para que el Congreso no pueda hacer uso de su atribución de removerlo mediante una mayoría calificada, es decir sin necesidad de recurrir al juicio político. Lo anterior mediante una reforma al artículo 67 de la constitución local, publicada el pasado 29 de noviembre en la Gaceta Oficial del Estado.

De esta forma, el también abogado del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, no podrá ser removido de su puesto mediante la decisión de legisladores locales hasta que concluya el juicio de amparo; proceso que duraría de tres meses a dos años, según juristas consultados por E-Consulta Veracruz.

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En contraste, para el gobierno de Miguel Ángel Yunes, no fue tan complicado deshacerse del “Fiscal de Javier Duarte”, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien el exgobernador panista señaló de encubrir a Duarte -sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero- y además amagó con investigarlo por tener nexos con el crimen organizado.

El 28 de noviembre de 2016 –a dos días de la toma de protesta de Yunes- Bravo renunció a su cargo y en un mensaje a medios, dijo: “No seré factor de división ni encono, por el contrario, lo que Veracruz necesita hoy más que nunca es unidad, sólo en esa medida, como el gran pueblo que somos, podremos salir adelante de la grave situación por la que atraviesa nuestro estado”.

En el caso de Winckler Ortiz, los legisladores locales deberán actuar contra reloj, pues el tiempo para votar el dictamen de la comisión Instructora sobre su desafuero concluirá este 31 de enero, cuando termine el periodo ordinario de sesiones. De no apresurar la emisión del acuerdo, deberá citarse hasta un periodo extraordinario.

El partido en el gobierno deberá dar seguimiento a los dos juicios políticos que han obligado a citar a la audiencia de pruebas y alegatos al Fiscal este 23 y 24 de enero. Uno de ellos a solicitud de los abogados de Gilberto Aguirre Garza, exdirector de General de Servicios Periciales y el segundo por la defensa de Luis Ángel Bravo Contreras. Los dos exfuncionarios –presos por desaparición forzada de personas- alegan violaciones a sus derechos humanos durante sus detenciones, ocurridas en abril y junio de 2018, respectivamente.

Durante estos dos días los abogados Arturo Nicolás Baltazar y Jorge Reyes Peralta presentarán todas las pruebas que a su derecho convenga, incluso, notas periodísticas, para demostrar la parcialidad de su promoción, ante el anuncio de diputados, funcionarios y hasta el Gobernador, que amagaron con revocar el nombramiento que le dio la Cámara local en 2016.

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Remoción de Winckler tardaría hasta un año en el Poder Judicial

De ser aprobado el juicio político por los legisladores locales, el Congreso del Estado procederá a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, resolverá lo procedente; proceso que, a decir del magistrado presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, tendrá hasta un año para resolver este tema.

En caso de que Jorge Winckler sea encontrado culpable la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes, que son 30 magistrados.

Al momento solo hay 14 magistrados, pues 16 se jubilaron por tener más de 70 años. Yunes Linares y el PAN promovieron las reformas de ley que obligaron a renovar al Poder Judicial, que contó con el aval de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Si los togados encuentran que hay elementos para enjuiciar a Winckler Ortiz quedará suspendido de su cargo, además de una sanción penal en su contra puede ser inhabilitado de la función pública, hasta por 10 años. Si queda absuelto de las acusaciones podrá regresar como titular del órgano autónomo.

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