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Declaratoria de emergencia por crisis humanitaria en Veracruz, sin plazos ni metas claras

  • Isabel Ortega
Activistas e integrantes de Colectivos coinciden que se ha llegado a un “punto de quiebre” donde se tienen que visibilizar los resultados.

Xalapa, Ver.- A poco más de cinco meses de que se emitió la declaratoria de Emergencia por Crisis Humanitaria en Veracruz se ha logrado una buena interlocución con las autoridades, pero no se conocen las metas claras para la implementación del programa o propuesta del gobierno, que se ofreció como una medida administrativa para atender el problema de las desapariciones en la entidad.

La presentación del Informe Temático "El Sistema Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz. El Derecho a la Reparación Integral para las Víctimas, en especial para víctimas de desaparición y desaparición forzada”, fue el marco para exponer que los recursos públicos destinados a la reparación del daño y la búsqueda de desaparecidos no han aterrizado.

Activistas e integrantes de Colectivos de Búsqueda coinciden que se ha llegado a un “punto de quiebre” donde se tienen que visibilizar los resultados, ante el compromiso político y público de resolver el fenómeno de la desaparición de personas, pues “no hay un avance conciso”.

El 01 de diciembre, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció una serie de acciones para atender las omisiones de las administraciones anteriores, que no atendieron la desaparición sistemática de personas en Veracruz.

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Colectivos urgen avance en la identificación forense

Una de las principales metas es crear un Instituto Forense, que permita dar celeridad a la identificación de restos humanos que han sido extraídos de las fosas clandestinas de la entidad. 

La integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao confirmó en entrevista para E-Consulta Veracruz que se han logrado avances en lo que se planteó como un programa emergente del gobierno, sin embargo, el principal reto es el tema de la identificación forense, el poder aplicar estudios de ADN, procesarlos e identificar los restos ubicados en las diversas fosas y compararlos con la base de datos de sus familiares.

“Lo que nos tiene digamos (esperando) es el mecanismo forense que estamos pensando que ya urge que se pongan en función, porque cada día encontramos más y más (restos), eso ya es urgente”.

La idea es que el Gobierno del Estado reciba ayuda nacional e internacional, que ya la han ofrecido, para que se envíe expertos forenses y se doten de pruebas que permitan la identificación de los cuerpos ubicados en los cementerios clandestinos.

“De fuera tenemos una cantidad de opciones, se nos han acercado de Guatemala, Argentina y Cruz Roja Internacional. El apoyo se puede articular desde aquí, porque no se tiene la capacidad, ni el 10 por ciento, de lo que se necesita para poder identificar (los restos)”, confirmó en entrevista.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General, del 2011 a septiembre del 2018 se habían localizado 601 fosas con mil 178 cuerpos o cráneos en alrededor de 85 municipios del Estado de Veracruz.

En ese momento no se contabilizaba el caso de Alvarado, donde detectaron más de 174 cráneos en el 2018; Cardel en el que se localizaron 34 fosas o puntos positivos anunciado en el mes de abril de este año; o Rio Blanco en el que se detectaron restos humanos de al menos 15 personas.

Díaz Genao pormenorizó que se tiene que determinar el marco jurídico para permitir que forenses extranjeros apoyen con la identificación de los restos que se mantienen en frigoríficos o panteones ministeriales.

“Se le planteó a Alejandro Encinas y está de acuerdo. A nivel local ya lo hemos hablado con Cuitláhuac, y también está de acuerdo, ahora le tenemos que poner presión al tema, creo que en este momento ya no da para más. Este es el punto de quiebre”, insistió la activista que busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido desde el 2013.

Por su parte Anais Palacios, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, expuso que el programa que planteó el gobernador muestra la disposición, sin embargo, fue irresponsable plantear acciones en especial porque no expuso cómo se lograrían medir los avances.

La también integrante de una ONG, argumentó que la violación sistemática de los derechos humanos obligaba a plantear la posibilidad de ofrecer una disculpa pública a las familias de desaparecidos de parte del Estado, pero no se ha pensado, lo que demuestra que no habían dimensionado el fenómeno y aun no se sabe qué hacer.

Se determinó que será la Dirección de la Cultura de la Paz, creada por decreto el pasado 21 de febrero, el área de gobierno responsable de dar seguimiento a la declaratoria de emergencia de crisis humanitaria, sin embargo, se le dieron muchas atribuciones, lo que implica mucha responsabilidad.

“La dirección de paz da seguimiento a muchos temas, pero no tengo claro qué se va a hacer, con qué recursos (se atenderá el tema de desaparecidos), sobre todo las competencias de la dirección (…) es una super dirección”.

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En la actualidad, remarcó, solo se está apoyando a las familias que están integradas a Colectivos de Búsqueda, pero hay muchos otros casos a los que no se les da seguimiento. “Mi apreciación es que hay algunas cosas que pudieran resolverse con la implementación de la ley, pero no necesariamente resuelven el tema de las desapariciones, es más un tema político.

“Hay una sobrecarga de trabajo para las instituciones, no solo para el gobierno, y probablemente la estrategia que se ha implementado no es la más idónea. Me parece que habría que matizar hacia dónde va el plan”, planteó en entrevista para este medio.

Ejemplificó que en la Comisión Estatal de Búsqueda se contrató una célula para hacer trabajos de localización, pero es el único grupo que debe recorrer todo el estado, no cuentan con las herramientas suficientes y necesarias para procesar los lugares, ni para acceder a ellos.

Hay predios a los que solo se tiene acceso por lancha y las instituciones no cuentan con los recursos para poder realizar el trabajo, y aunque se tiene la voluntad y las ganas no se tiene el dinero para realizarlo, lamentó.

Recordó que se ha hablado de montos millonarios para la búsqueda pero las trabas burocráticas hacen casi imposible el obtener los fondos, y la intervención del Gobierno ha provocado que los Colectivos ya no se movilicen.

Las promesas del 01 de diciembre

En su toma de protesta, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mencionó que la declaratoria del Plan Emergente, constituiría ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación a víctimas de diversas violaciones a los Derechos Humanos.

Propuso hacer un llamado a instancias internacionales para exhortarles a respaldar con cooperación, financiamiento y asistencia. Planteó la creación de un Centro o Instituto forense para el procesamiento de restos humanos localizados en fosas clandestinas, y lograr dar con la identidad de los cuerpos no identificados.

Ofreció mayor presupuesto para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño a Víctimas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). Adelantó que se echaría mano de la infraestructura del Sector Salud para garantizar medidas de ayuda, asistencia y atención.

La Comisión Estatal de Búsqueda contaría con una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, para dar acompañamiento a los colectivos. Y ofreció dar seguimiento puntual de los avances de investigaciones que serían informados a familiares de desaparecidos a través de mesas de trabajo, entre otros compromisos.

Se instalan más mesas de trabajo

El 28 de marzo, el Gobierno del Estado emitió un boletín en el que daba cuenta de la mesa de trabajo para la implementación de la Declaratoria del Programa Emergente por violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

Con el objetivo de establecer estrategias centrales como la creación de una policía especializada capacitada en búsqueda, una iniciativa de Ley para crear un Instituto de Análisis Forense, un programa estatal integral de medidas de prevención y un modelo integral de atención interinstitucional con enfoque de género.

Esa mesa es independiente a los trabajos que realizan mes con mes los colectivos de búsqueda con el Ejecutivo del Estado, por lo que se consideró que su creación está de más.

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