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Disputa política, genera dudas sobre la permanencia de Fiscal Anticorrupción

  • Isabel Ortega
Se le impondría una pena de 1 a 6 años de prisión en caso de abandonar el cargo; desde su "imposición" en julio de 2018 ha sido criticado

Xalapa, Ver.- La disputa política entre funcionarios de Morena y Jorge Winckler Ortiz, quien fue separado temporalmente de la Fiscalía General del Estado el pasado 03 de septiembre, ha provocado una crisis institucional. Se han generado rumores de la salida de funcionarios de la Fiscalía, que no dan certeza en materia de impartición de justicia.

La encardada de despacho Verónica Hernández Giadáns, quien tiene las atribuciones legales de un Fiscal, ha evitado aclarar los rumores, y se limitó a tuitear en la cuenta oficial de la Fiscalía General que cualquier cambio se dará a conocer a través de un comunicado oficial, sin que a la fecha se haya emitido algún boletín.

Este martes 10 de septiembre el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, confirmó que Marcos Even Torres, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, se habría ausentado de su responsabilidad.

Horas después, se hizo circular una “misiva” dirigida a la sociedad, con firma de Marcos Even Torres, en el que aclara que se mantiene en el cargo. Pidió a la ciudadanía no permitir que en forma “ilegal” se le destituya del cargo.

“Hago un llamado atento a que se respete el marco constitucional que nos rige. Los actos fuera de la ley son y serán nulos y a quien solamente afectaría será a la sociedad veracruzana. Creo en el Estado de Derecho y sus instituciones, quebrantarlo realizando o creando actos falsos e ilegales, solo significaría el descrédito ante la sociedad veracruzana tan vilipendiada”.

Marcos Even Torres, Fiscal Especial en el Combate a la Corrupción, fue designado en el cargo por 27 de los 50 diputados locales de la 64 legislatura, el 24 de julio del año 2018. Su ausencia en el centro de trabajo lo podría hacer acreedor a seis años de cárcel y una multa de hasta 12 mil pesos. 

Even Torres, amigo y maestro de Jorge Winckler, llegó al cargo en medio de empujones, gritos e insultos por la imposición del PAN y sus aliados, podría incurrir en el delito de abandono de la función pública, según el artículo 316 del código penal del Estado.

El Fiscal Anticorrupción fue uno de los participantes más impugnados y rechazados en el proceso de selección, no sólo por su cercanía con Winckler Ortiz, sino por el proceso legislativo que siguió el PAN para nominarlo y ratificarlo en el cargo. Fue una acción similar a lo que se vivió el pasado 03 de septiembre, cuando Morena votó la “medida cautelar” al separar temporalmente al Fiscal General, por no acreditar los exámenes de control y confianza.

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Marcos Even podría ir a la cárcel

El código penal establece -en su artículo 316- que comete delito indebido del servicio público: quien sin presentar renuncia o sin causa justificada, con perjuicio del servicio, abandone el empleo, cargo o comisión para el que fue nombrado.

Al responsable del delito previsto en este artículo se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario.

El hecho lo confirmó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, y mencionó que ante el “abandono de trabajo”, será la encargada de despacho quien tendrá que tomar las acciones legales por su ausencia y para su sustitución.

“Ella tendrá que informar al Congreso (…) si hay un abandono, y si lo solicita la Fiscal nosotros tenemos que actuar en consecuencia, son áreas que no pueden quedar descuidadas”, opinó en entrevista en el parque de los Berros, en el marco de la Guardia de Honor con motivo del 209 aniversario de la Independencia de México.

El legislador reiteró que el nuevo nominado tendrá que surgir de una terna, y tendrá que ser votado por las dos terceras partes de los diputados locales.

Para el académico de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, es muy grave la falta de claridad en el nombramiento y remoción de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, pues mientras se mantiene las pugnas políticas, los delitos siguen creciendo y los muertos cayendo.

“Los servidores públicos deben servir, si no sirven, que abandonen los puestos. Todos, desde el más modesto hasta el presidente de la República, tienen como obligación prioritaria la seguridad de la vida y la integridad de los mexicanos”.

El académico, coincidió con la postura de la Iglesia, que alertó de una crisis jurídica y de instituciones en todos los niveles de gobierno, porque no cumplen ni hacen cumplir la ley, opinó en entrevista para E-Consulta Veracruz.

El problema de los que están a cargo de las instituciones es que tiene que cumplir con requisitos, deberes institucionales y ejercer correctamente sus atribuciones, deben servir. Es muy preocupante como se incrementa la inseguridad, la delincuencia y la corrupción gubernamental y la sociedad está cada vez más expuesta a los delincuentes, expresó.

“No es posible que la impunidad crezca tanto, y quienes son gobernantes no cumplan ni hagan cumplir la ley, la ley está por encima de la voluntad discrecionalidad, y cuando no se respeta el Estado de Derecho la inseguridad aumenta, la delincuencia domina y los delitos se incrementa, como estamos viendo, y cada día se denuncia menos porque no se confía en las instituciones”. 

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Así sería el trámite legislativo

Según el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz el proceso para la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción involucra al Ejecutivo y el Legislativo, y llevaría al menos 40 días hábiles, y en caso de que los diputados sean omisos en su responsabilidad o no logren el consenso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez podrá nominar al nuevo titular.

La ley establece que a partir de que el cargo quede vacante, el Congreso contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes. Esta lista será remitida al Gobernador del Estado.

Si el Gobernador no recibe esta lista dentro del plazo señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal hasta en tanto el Congreso haga la designación definitiva.

Recibida la lista, el Gobernador formará de entre sus miembros, una terna que pondrá a consideración del Congreso dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha recepción.

El Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal Anticorrupción por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la terna.

En caso de que el Gobernador no envíe las propuestas dentro del plazo previsto, el Congreso dispondrá de diez días hábiles para designar al Fiscal de entre los miembros de la lista mencionada en el punto uno de este inciso.

Si el Congreso no hace la designación dentro de los plazos establecidos, el Gobernador designará al Fiscal de entre los candidatos que integren la lista enviada por el Congreso o, en su caso, la terna respectiva. Si por cualquier causa, no se configuran ni la lista, ni la terna, el Gobernador podrá designar libremente al Fiscal Anticorrupción.

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La historia se repite 

En el año 2018, al igual que el 03 de septiembre -cuando se separó provisionalmente del cargo a Jorge Winckler-, el grupo mayoritario de la Cámara local impuso el trámite legislativo para nombrar, en ese entonces, a Marcos Even Torres, como Fiscal Anticorrupción.

En ese entonces, también se generó un connato de bronca, pues el Pleno de la Cámara estaba abarrotado por militantes de Morena que repudiaron el actuar de Acción Nacional. Para validar la votación, después de la toma de la Mesa Directiva, el PAN improvisó a la mitad del pleno un área para leer el dictamen y tomar la protesta de ley al ex Visitador de la FGE.

Para lograr la imposición se votó en tres ocasiones el dictamen, por acuerdo de la comisión de Gobernación que presidia la panista Marijose Gamboa Torales, quien fue reelecta en 2018. El Fiscal Anticorrupción sólo logró el respaldo de 27 de los 50 diputados presentes.

Diputados locales, hoy funcionarios públicos, Roberto Zenyazen Escobar, Rocío Pérez y Guadalupe Osorno tomaron la mesa directiva, pero su intento por frenar la votación fue en vano.

Lo anterior, apoyado en un dictamen hecho al vapor que permitió a Even Torres recibir el nombramiento con solo 27 votos a favor, es decir, sin haber obtenido las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión ordinaria. Este hecho, fue calificado por diputados de Morena, PRI y Juntos por Veracruz como un “atropello histórico”.

En dos ocasiones fue votada la terna con personajes afines al PAN, pero la mayoría relativa no llegó. Fue entonces que la fracción panista recurrió a métodos que ellos criticaron durante la legislatura del gobierno de Javier Duarte y apostaron por la “ilegalidad”.

Ante la falta de consenso, el diputado Enrique Enríquez Ambell anunció un dictamen que establecía que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sería el ciudadano que obtuviera el mayor número de votos de entre las ternas sometidas a consideración del pleno.

Antes de que el panista emitiera su propuesta, morenistas tomaron el pleno y desprendieron consignas como “son peor que Duarte” y “no tienen quórum”. Sin embargo, los albiazules pidieron a personal de seguridad que improvisaran una mesa directiva donde dieron fin a su cometido: nombrar a un “fiscal carnal”, en medio de protestas de asistentes y familiares de personas desaparecidas.

En ese entonces, la diputada Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien fue exhibida por recibir dinero en bolsas en una presunta recaudación en favor de Andrés Manuel López Obrador; Vicente Benítez González, acusado por actos de corrupción como colaborador cercano de Javier Duarte, y Miriam Judith González Sheridan, excandidata a gobernadora por el Partido Nueva Alianza (PANAL), se sumaron a los panistas y lograron el cometido.

Finalmente, el cargo se oficializó con la publicación del acuerdo en la Gaceta extraordinaria número 294, con fecha del martes 24 de julio, mismo día de la votación. Su designación era por cinco años, pero solo se mantuvo por un año y dos meses.

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