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Pese a disculpas públicas, no cesan desapariciones grupales en Veracruz ligadas a policías

  • Carlos Caiceros
El Gobierno morenista “pide perdón” por desapariciones grupales ocurridas en otras administraciones, aunque casos se repiten en el presente

Xalapa, Ver.- El gobierno de Cuitláhuac García ha pedido perdón por casos de desapariciones ocurridos en gobiernos anteriores y prometido el cese de este mal. Sin embargo, desde que asumió el poder, en diciembre de 2018, estos crímenes continúan registrándose en Veracruz.

Dos casos recientes ocurrieron en los municipios de Ixtaczoquitlán e Isla. El primero, con la desaparición de siete comerciantes y tres jóvenes presuntamente privados de su libertad por policías municipales, en eventos distintos. El segundo es el plagio de cuatro integrantes de una familia al sur de la entidad.

García Jiménez emitió el 4 de marzo y el 5 de noviembre dos disculpas públicas por la participación de policías estatales y municipales en las desapariciones de cinco jóvenes en Tierra Blanca y tres más en Papantla, en el año de 2016. 

En la primera disculpa, efectuada en el Museo Memoria y Tolerancia (MMT) de Ciudad de México, el titular del Ejecutivo reconoció la falla del Estado al torturar y desaparecer a cinco jóvenes de Playa Vicente el 11 de enero de 2016.

El gobernador hizo el compromiso de trabajar cada día para que no se repitieran atrocidades como la ocurrida en Tierra Blanca. Un discurso similar lo replicó el pasado 5 de noviembre, en esta ocasión por la desaparición forzada de tres jóvenes en Papantla, registrada el pasado 19 de marzo de 2016.

Sin embargo, días antes del evento de Papantla, el pasado 26 de octubre, se reportó la desaparición de 7 personas en Ixtaczoquitlán y a partir de entonces, las indagatorias vincularon a elementos de la policía municipal de la citada demarcación.

Las ausentes, de oficio comerciantes, fueron intervenidos por elementos de la policía preventiva local, trasladadas al centro de detención, y posteriormente desaparecieron.

De acuerdo con la bitácora de la comandancia se registró la salida de algunos comerciantes, de sus trabajadores y de las dos personas solicitantes de su liberación. De manera inmediata, los interceptó otro vehículo y desde entonces no existen más datos de las víctimas.

Las investigaciones condujeron a la participación de dos elementos de la Policía Municipal, ambos, actualmente detenidos y existe pendiente de ejecutar una orden de aprehensión, de acuerdo con los informes de la Fiscalía General del Estado. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió la queja de oficio número DAV-11-18/2019, proporcionando acompañamiento a los familiares.

El pasado 25 de noviembre, en entrevista con los medios de comunicación, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que dicha queja continuaba en fase de integración, con la recopilación de información ante la Policía Municipal y el ayuntamiento.

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ABUSOS DE LA POLICÍA 

El caso Ixtaczoquitlán evidenció una persistente participación de policías en abusos de autoridad. Un ejemplo es el proceso abierto contra el comandante de la Policía Estatal, Iván “N”, por la detención arbitraria de doce jóvenes en el municipio de Alvarado y la posterior protesta de los padres de los detenidos.

De hecho, las movilizaciones incluyeron la “toma” de la comandancia por parte de los inconformes el día 20 de octubre, la cual derivó en la intervención del jefe policiaco por parte de los propios uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes lo fueron a sacar de una cantina en el municipio.

Lo anterior, luego de que la Policía Estatal detuvo a doce muchachos cuando convivían en el malecón de Alvarado. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo investiga por lesiones y abuso de autoridad.

En otro caso, ciudadanos denunciaron abusos incurridos por la Policía Estatal, la Fuerza Civil e incluso de elementos de la Secretaría de Marina, con la instalación de retenes en el municipio de Tlalixcoyan, en donde hostigan y extorsionan a los conductores.

Uno de los incidentes ocurrió el jueves 17 de octubre, a las 01:00 horas, cuando cinco camionetas provenientes del destacamento estatal de La Tinaja III, colocaron un retén de revisión junto a unidades con logos de la Marina-Armada de México.

El filtro de revisión se instaló en el kilómetro 11 de la autopista Tinaja-Cosamaloapan, a la altura de La Hamacas, y a todos los conductores en el punto, los elementos de seguridad le exigieron dinero a cambio de continuar con su camino.

Versiones apuntan a cuatro jóvenes internados en el hospital con golpes, propinados supuestamente por los elementos policíacos, aunque los propios ciudadanos refieren del reporte de al menos 12 ciudadanos víctimas de vejaciones y maltrato.

El punto crítico es en la zona conocida como El Suchil, Tlalixcoyan, y es paso obligado de productores de ganado y de maíz.

Meses antes, el 15 de marzo, siete personas fueron privadas de su libertad en ese mismo municipio, por los elementos de la Fuerza Civil, de acuerdo con una denuncia interpuesta por una maestra, que además acusó violación grupal de parte de los integrantes de la que fue concebida como la agrupación de élite en materia de seguridad.

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TRES DESAPARECIDOS MÁS

A principios de octubre, tres hombres oriundos de Ixhuatlán del Café desaparecieron igualmente en Ixtaczoquitlán; el hecho se dio a conocer el 25 de octubre. Los ausentes fueron identificados como Ciro Álvarez Cantor de Ixcatla de 29 años, Fernando José Trejo Aguilar de 18 años y Martín Flores Medina de 31 años. Trejo y Flores son oriundos de la comunidad de Ocotitlán.

BÚSQUEDA EN ISLA

El caso más reciente se reportó el pasado 25 de noviembre, cuando el Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, confirmó que se indaga sobre el paradero de una familia completa originaria del municipio de Isla.

Las víctimas son Heriberto Santos Ortiz, de 56 años; su esposa, María de Jesús Octavo González, de 49 años; y los hijos de ambos, Daniela del Carmen y Carlos Alberto, de 23 y 25 años, respectivamente.

El funcionario indicó que la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía de Veracruz y la Comisión Nacional Antisecuestro realizan la investigación; aunque evitó especificar si la privación consistió en un secuestro extorsivo.

La desaparición de la familia Ortiz Octavo ocurrió de manera similar a varias desapariciones ocurridas en el estado: hombres encapuchados forzaron la entrada, encañonaron y sometieron a las víctimas y las sustrajeron si dejar pistas de su paradero.

En este caso, la hija menor del matrimonio acusó dilación por parte de la policía ministerial, al grado de que los elementos intentaron obtener de ella una falsa declaración.

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