La putrefacción del IEEM

  • Roberto Rock
Llegar así al 2018 nos llevará a un país en el que todos viviremos en peligro.

La cantidad y gravedad de las irregularidades presentadas en el proceso electoral del Estado de México exhiben ya como daño inmediato el desmoronamiento de la confianza cifrada en las autoridades que local y nacionalmente están obligadas a frenar los excesos en los que parece haberse incurrido antes, durante y después de los comicios del pasado día 4.

Tanto los consejeros del Instituto Estatal Electoral del Edomex (IEEM), que encabeza Pedro Zamudio, como los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova, encaran un cuestionamiento directo que en las próximas semanas no hará sino escalar, cuando los reclamos de la oposición lleguen al tribunal federal electoral.

Hasta donde se conoce ahora, al menos seis demandas de anulación de las elecciones serán presentadas ante los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con base en robustos expedientes cuya sola discusión debilitará el rol que especialmente el INE debe desempeñar en la sucesión presidencial del 2018, a lo que se agregará la renovación completa de ambas cámaras del Congreso de la Unión y votaciones locales en la absoluta mayoría de los estados del país.

Durante todo el proceso el INE se afanó en asegurar que no estaba en su ámbito de competencia intervenir en la elección mexiquense, lo que plenamente se aparta de la realidad. Será imposible alejar de la lupa ciudadana el rol de los consejeros electorales nacionales en la conformación del IEEM, cinco de cuyos miembros tienen nexos claro con el PRI, y al menos una más, Palmira Tapia, a la que se atribuía cercanía con el PAN, habría sido cooptada por el oficialismo, lo que le permitió hacerse cargo del PREP y del Conteo Rápido el día de la elección, ambos con resultados desastrosos, por su lentitud y por ajustes de último momento que atrajeron numerosas dudas.

El INE también fue responsable de capacitar los funcionarios de las más de 18,600 casillas instaladas para conducir el proceso, pero nada dijo cuando en las horas previas a la jornada comicial miles de esos funcionarios fueron sustituidos en una gigantesca maniobra que incluyó citarlos la noche anterior ante la FEPADE de la PGR, usando documentación falsa que fue distribuida en forma amenazante por policías bajo mando estatal.

El INE también fue responsable de registrar a los representantes de los diversos partidos ante los centros de votación, lo que supuso que cada partido acreditara a decenas de miles de personas, muchas de las cuales a su llegada a las casillas encararon bloqueos y sabotaje para su tarea, bajo el pretexto de que no existía la documentación que los acreditara.

El grupo de consejeros que encabeza Lorenzo Córdova también descartó los reclamos de varios partidos para que atrajera la organización de los comicios, alegando ambigüedades de la nueva ley electoral. Este marco normativo, que dota a dos polos -el estatal y el nacional- de autoridades diversas y aún contrapuestas, demostró su fracaso en su primera prueba importante. Ahora, la administración Peña Nieto y los partidos nacionales enfrentarán la presión de efectuar ajustes mediante reformas legales e incluso constitucionales de última hora. Pero tocar una legislación sostenida por alfileres atraerá el riesgo de abrir una caja de pandora cuando ya el 2018 está a la vista.

Y si en las próximas semanas crecerán los señalamientos de pasividad e incompetencia sobre el INE, las evidencias sobre la putrefacción del IEEM condimentarán la atmósfera preelectoral con ingredientes que no se veían desde los años 80 y 90, dando nuevas muestras de que el ejercicio de la política en el Edomex sigue afectado por un oficialismo ajeno a  los cambios registrados por el país desde al menos las elecciones parlamentarias y en el entonces Distrito Federal, en 1997. Tras veinte años, esa entidad sigue dominada por una política anacrónica.

Un presunto relleno de urnas en el sur del estado -la zona más afectada por el crimen organizado-, donde votó hasta casi 50% más que en el resto de la entidad. También, amenazas sobre líderes de distintos partidos, entrega masiva de programas federales de asistencia a cambio de respaldo político, reparto sin freno de dinero para influir sobre el voto, fueron apenas algunas de las constates ante las que el IEEM se mostró mudo, ciego y sordo.

Es imposible saber si los nuevos magistrados que integran el TEPJF tendrán frente a sí expedientes no solo voluminosos sino sólidos para poder resolver sobre el resultado de la elección y determinar si enmiendan y en qué medida las resoluciones que hayan tomado el IEEM y el INE.

En la historia del tribunal electoral ha habido de todo: plantones, movilizaciones, candidatas llorosas en audiencia con magistrados, intentos de sobornos…pero lo más frecuente es que ni candidatos ni partidos entiendan que sólo se puede juzgar lo que está en el expediente respectivo, y que la ley especifica causas muy definidas para imponer correcciones en el proceso, incluso la anulación de los comicios.

Una mezcla perversa de malos abogados a cargo de la integración de los expedientes, de líderes que hagan reclamos que no pueden demostrar, así como de magistrados electorales sometidos a una brutal presión política, llevará a convalidar las cosas como están actualmente, es decir, con el triunfo del candidato oficial a la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo.

Aun así, debe asumirse que el daño sobre las instituciones electorales y sobre el crédito público a la democracia “a la mexicana” parece estar a la vista, con fisuras sobre marco el legal, sobre su capacidad operativa y su compromiso democrático. Llegar así al 2018 nos llevará a un país en el que todos viviremos en peligro.

robertorock@hotmail.com    

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Roberto Rock

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue Subdirector Editorial de El Universal y Director Editorial General de El Gráfico y de El Universal.  Actualmente, es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).